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Ponencia del Registro de Nombres de Dominio .pr a la Honorable Comisión de
Asuntos Federales y del Consumidor del Senado de Puerto Rico
Re: Proyecto del Senado 1205
MEMORANDO DE DERECHO COMPLEMENTARIO
UNIFORM DISPUTE RESOLUTION (UDRP)
ANTICYBERSQUATTING CONSUMER PROTECTION ACT
PREPARADO POR LOS ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA
LABORATORIO GAUSS
El Laboratorio Gauss administra desde el año 1989 el Registro de Nombres de Dominio bajo la zona de Puerto Rico el cual se designó por los caracteres .pr. Estas extensiones son definidas por Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN), organización mundial que asigna las zonas de Internet a los distintos países y territorios del mundo.1 Un nombre de dominio es un identificador que resuelve en palabras las direcciones de Internet las cuales no son más que un Protocolo de Internet, comúnmente denominado IP, el cual constituye una serie de números que identifican el espacio en un servidor de Internet en que se encuentra almacenada una página de Internet. En ese sentido, un nombre de dominio (comúnmente denominado dominio) no es más que el mecanismo utilizado para facilitar el acceso de los usuarios a las páginas de Internet resolviendo la dificultad de acceder a ellas a través de su IP, que sería un número como 134.1.111.234 en vez de senadopr.us, por ejemplo. Así, un sitio de Internet o “portal Web” se compone de una dirección de Internet, que se encuentra almacenada en un Servidor, cuyo espacio está definido por el IP y cuya apariencia en los “browsers” de Internet es comúnmente resuelta a través del uso de un nombre de dominio para facilitar su acceso. El registro de nombres de dominio .pr no facilita el espacio definido por un IP, servicio que es proveído actualmente por la mayor parte, sino todas, las compañías de telecomunicaciones que además de este servicio de direcciones de IP, proveen servicios de conexión al Internet. El sistema de nombres de dominio y su funcionamiento es actualmente revisado por la Internet Coporation of Assigned Names. Ante los problemas enfrentados por el registro de nombres de dominio en violación a los derechos de marcas registradas a nivel mundial, la ICANN creó2 en octubre del año 1999 el Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)3, el cual es utilizado a nivel mundial4 para resolver las disputas que surgen cuando un individuo entiende que tiene derechos de marcas registradas sobre determinado nombre de dominio y el cual comprehende la política actual del Registro de 1 Para más información, ver http://www.icann.org 2 Esta política, fue desarrollada por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO en inglés) a instancias de la ICANN. 3 El mismo conforma el mecanismo más ágil y económico de resolver disputas relativas a la violación de marcas por el registrante de un nombre de dominio. 4 El cual además es obligatorio para todos los nombres de dominio genéricos o gTLD (.com, .net, .gov etc). Nombres de Dominio .pr en cuanto a violaciones a marcas registradas se refiere.5 Así, cualquier persona6 que entienda que un nombre de dominio registrado en Puerto Rico está en contravención de su derecho de marca, puede impugnar el mismo a través de la Política Uniforme de Resolución de Disputas (en inglés UDRP), la cual será resuelta, de manera ágil y económica por un panel de resolución de disputas de OMPI.7 Además existen otras consideraciones que surgieron en el UDRP luego de un largo proceso de discusión. Uno de estos aspectos es la determinación que se hace de la existencia de usos legítimos de nombres de dominio no obstando la inexistencia o existencia ajena de una marca registrada. Así, para que exista una causa de acción bajo el UDRP no basta con que el querellante posea una marca registrada sobre el nombre de dominio en disputa.8 Se tienen que cumplir con otros requisitos que son: la inexistencia de un interés legítimo por el que registra el nombre de dominio y que el nombre de dominio ha sido registrado y es usado con mala intención.9 Así, las discusiones sostenidas durante la creación de la Política Uniforme de Resolución de Disputas refleja un entendimiento dirigido no sólo proteger a los tenedores de derechos de marca, sino también a aquellas personas que hacen un uso de legítimo de un nombre de dominio que pueda ser identificado a una marca. De ahí que se refleje en su redacción consideraciones de mala fe en el uso. La importancia de este tipo de disposiciones relativas al grado de responsabilidad de un Registro es que refleja el entendimiento tanto federal -como veremos- como internacional respecto a la responsabilidad del Registro en cuanto a nombres relacionados a marcas registradas se refiere. El mejor ejemplo del entendimiento de este principio general, que se ve reflejado en la legislación federal, se encuentra en el RFC 1591, el cual conforma el memorando utilizado a nivel internacional (especialmente por la ICANN e IANA) para determinar las mejores prácticas de un Registro de Nombres de Dominio. 5 Las disputas que surjan de dicha política que ha acogido el Registro de Dominios .pr es resuelta por un panel especializado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) o en inglés World Intelectual Property Organization (WIPO). 6 No importando dónde tenga registrada su marca. 7 Vale la pena aclarar que los paneles administrativos de OMPI, utilizan como argumentos persuasivos la doctrina desarrollada por las cortes norteamericanas. Ejemplo de ello es la utilización de doctrinas para determinar la probabilidad de confusión entre un nombre de dominio y una marca registrada. En Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico, Case No. D2000-0477, (2000) “The question whether a domain name and a trademark are confusingly similar involves the application of a multifactored test exemplified in the decision of the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit in AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979). The Sleekcraft factors are directed to whether there is a "likelihood of confusion" between two marks. While developed in the context of comparing two trademarks, the Sleekcraft factors have more recently been employed by the federal courts to compare domain names to trademarks, and domain names to domain names. The Sleekcraft factors were, for example, employed by the federal district court in Bally Total Fitness discussed infra. The Sleekcraft factors were relied upon by the Court of Appeals for the Ninth Circuit in Brookfield Communications v. West Coast Entertainment, 174 F.3d 1036, 1053-61 (9th Cir. 1999).In Sleekcraft, the Court of Appeals for the Ninth Circuit enumerated eight factors to be weighed on the question of likelihood of confusion. These are: (1) strength of the mark; (2) proximity of the goods; (3) similarity of the marks; (4) evidence of actual confusion; (5) marketing channels used; (6) type of goods and the degree of care likely to be exercised by the purchaser; (7) defendant's intent in selecting the mark; and (8) likelihood of expansion of the product lines 8 Ver apéndice. Política Uniforme de Resolución de Disputas. 9 Política Uniforme de Resolución de Disputas de ICANN, Sección 4. Como hemos visto, durante la década de 1990 el desarrollo del Internet hizo evidente una serie de problemas y situaciones cuyas soluciones e implicaciones legales no estaban contempladas en el derecho de marcas general. Si bien gran parte de éstos fueron debidamente atendidos en su momento por los Tribunales, otros se presentaban aún como posibles fuentes de conflictos, a la espera de una solución legislativa apropiada.10 Para atender estos problemas y reforzar la seguridad en el trafico jurídico en la Internet el Congreso de los Estados Unidos adoptó, mediante enmienda al Trademark Act de 1946,11 el Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)12 como marco legal para regular los problemas asociados al registro de dominios y el derecho de marcas vigente.13 Desde su adopción, el ACPA se ha convertido en una de las piezas legislativas que con mayor efectividad ha servido para resolver muchos de los controversias relacionadas al registro de nombres de dominio, a tal punto que otras jurisdicciones -como el Japón y la República Popular China- han adoptado versiones de ésta.14 10 Algunas de estas preocupaciones fueron recogidas en el Informe del Senado de los Estados Unidos titulado Anticybersquatting Consumer Protection Act del 5 de agosto de 1999: “Current law does not expressly prohibit the act of cybersquatting. The World Intellectual Property Organization (WIPO) has identified cybersquatting as a global problem and recognized in its report on the domain name process that, "[f]amous and well-known marks have been the special target of a variety of predatory and parasitical practices on the Internet."10 Trademark holders are battling thousands of cases of cybersquatting each year, the vast majority of which cannot be resolved through the dispute resolution policy set up by Internet domain name registries. Instances of cybersquatting continue to grow each year because there is no clear deterrent and little incentive for cybersquatters to discontinue their abusive practices. While the Federal Trademark Dilution Act has been useful in pursuing cybersquatters, cybersquatters have become increasingly sophisticated as the case law has developed and now take the necessary precautions to insulate themselves from liability. For example, many cybersquatters are now careful to no longer offer the domain name for sale in any manner that could implicate liability under existing trademark dilution case law. And, in cases of warehousing and trafficking in domain names, courts have sometimes declined to provide assistance to trademark holders, leaving them without adequate and effective judicial remedies. This uncertainty as to the trademark law's application to the Internet has produced inconsistent judicial decisions and created extensive monitoring obligations, unnecessary legal costs, and uncertainty for consumers and trademark owners alike. In cases where a trademark owner can sue, the sheer number of domain name infringements, the costs associated with hundreds of litigation matters, and the difficulty of obtaining damages in standard trademark infringement and dilution actions are significant obstacles for legitimate trademark holders. Frequently, these obstacles lead trademark owners to simply "pay off" cybersquatters, in exchange for the domain name registration, rather than seek to enforce their rights in court. Legislation is needed to address these problems and to protect consumers, promote the continued growth of electronic commerce, and protect the goodwill of American businesses. Specifically, legislation is needed to clarify the rights of trademark owners with respect to bad faith, abusive domain name registration practices, to provide clear deterrence to prevent bad faith and abusive conduct, and to provide adequate remedies for trademark owners in those cases where it does occur.” S. REP. 106-140, S. Rep. No. 140, 106TH Cong., 1ST Sess. 1999, 1999 WL 594571 (Leg.Hist.), a las págs. 7-8. 11 Codificado en 15 U.S.C.A. § 1051 y ss. 12 PL 106-113, 113 Stat 1501, 29 de noviembre de 1999. Codificado en 15 U.S.C.A. § 1125(d). En noviembre de ese mismo año se adoptó el UDRP. 13 Dicha legislación fue discutida en Trademark Cyberpiracy Prevention Act, HOUSE REPORT NO. 106-412 October 25, 1999, H.R. REP. 106-412, H.R. Rep. No. 412, 106TH Cong., 1ST Sess. 1999, 1999 WL 970519 (Leg.Hist.). 14 Véase T. Doi, Prevention of Cyber-squatting and Prohibition of Bribery of Foreign Public Officials: 2001 Amendment to the Unfair Competition Prevention Act of 1993, 31 Patents and Licensing, pp. 7-19 (diciembre de 2001); F. Fang & J. Liu, Does What Works for ".com" Also Work for ".cn"? Comparative Study of Anti-Cybersquatting Legal Systems in the United States and China, 20 John Marshall J. Computer & Info. L. 541 (2002). En cuanto al propósito de dicha legislación, es de notar que fue concebida no como un recurso exclusivo, sino complementario a las políticas de solución de disputas comúnmente adoptadas por las autoridades registrales de nombres de dominios, tales como el el Uniform Dispute Resolution Policy. Así, “[t]he legal recourse provided for in this legislation, combined with the intellectual property alternative dispute resolution procedures being adopted by the domain name registrars, will give trademark owners important tools to protect their intellectual property. This is a measured and balanced response to a growing problem, and will clarify that trademark property rights are respected as the Internet continues to grow.”15 Como hemos indicado, con anterioridad al ACPA los conflictos generados a raíz del uso y posesión de nombres de dominios vinculados al derecho de marcas eran mayormente resueltos por los tribunales mediante referencia al derecho de marcas en general. Para evitar que las frecuentes divergencias doctrinales características de los desarrollos jurisprudenciales impidiesen el desarrollo uniforme del derecho cibernético, el Congreso articuló una serie de factores16 -no exhaustivos ni exclusivos- que los tribunales deben tomar en consideración al evaluar si el poseedor de un nombre de dominio ha actuado de buena o mala fe al registrar el mismo.17 En primer lugar, mediante el inciso §1125(d)(1)(A) se hizo clara la intención del congreso de que los remedios dispuestos en aquellos casos donde un sujeto incurriera en conducta constitutiva de trafico, uso o registro de un nombre de dominio idéntico o similar capaz de generar confusión, estuvieran disponibles para todo dueño de una marca reconocida.18 No obstante, el Congreso aclaró -mediante la distinción entre el poseedor bona fide de un nombre de dominio del registral de mala fe- que en la aplicación de dicha disposición se requiere un examen para determinar cuándo un registral ha actuado de buena fe, y tiene por tanto un derecho a conservar la titularidad del nombre de dominio que tenga inscrito a su favor.19 La ACPA contempla aquellas situaciones en las cuales, si bien los derecho de uso sobre una marca no están en controversia, ésta puede surgir debido a la naturaleza misma del Internet. De este modo, la §1125(d)(1)(B)(i)(I) está diseñada para atender la situación donde los propietarios de una nombre o marca diferenciada sólamente por el uso, el producto o el servicio particular al cual se adscribe, pretendieran adquirir un mismo nombre de dominio. A modo de ejemplo, si Delta Airlines registra el nombre de dominio www.delta.pr, dicha aerolínea no estaría infringiendo los derechos de la reconocida marca de grifos de cocina DELTA. En este caso, tal disposición protege tanto al dueño de la 15 Trademark Cyberpiracy Prevention Act, HOUSE REPORT NO. 106-412, a la pág. 5. 16 Dichos factores se encuentran en codificados en 15 USCA §1125(1)(B)(i). 17 El concepto de mala fe es imprescindible para entender e interpretar la ACPA: “Bad faith intent described under subparagraph (A) shall not be found in any case in which the court determines that the person believed and had reasonable grounds to believe that the use of the domain name was a fair use or otherwise lawful.” 15 U.S.C.A. §1125(d)(1)(B)(ii). 18 Trademark Cyberpiracy Prevention Act, HOUSE REPORT NO. 106-412, a la pág. 5. 19 Así pues, “[t]he bill is carefully and narrowly tailored, however, to extend only to cases where the plaintiff can demonstrate that the defendant registered, trafficked in, or used the offending domain name with bad-faith intent to profit from the goodwill of a mark belonging to someone else. Thus, the bill does not extend to innocent domain name registrations by those who are unaware of another's use of the name, or even to someone who is aware of the trademark status of the name but registers a domain name containing the mark for any reason other than with bad faith intent to profit from the goodwill associated with that mark.” Trademark Cyberpiracy Prevention Act, HOUSE REPORT NO. 106-412, a la pág. 10. marca Delta Airlines como a cualquier autoridad registral que le asigne dicho nombre de dominio, de cualquier reclamación por un tercero que tenga un interés legitimo en adquirir dicho nombre de dominio. A su vez, en la §1125(d)(1)(B)(i)(III) se reconoce el llamado “derecho previo” o los derechos adquiridos por una persona en un marca generada a raíz del uso de un nombre de dominio. Así, el uso en el comercio electrónico en el Internet de un nombre de dominio es suficiente para que se adquiera un derecho sobre dicha marca, indistintamente de que no use dicha marca en otro contexto. 20 Por ello estimamos importante incluir estas disposiciones en este proyecto de ley.21 Como hemos anticipado, la ACPA atiende aquellas situaciones donde derechos protegidos de distinta índole pueden generar situaciones conflictivas. Así, la §1125(d)(1)(B)(i)(II) se ocupa de aquellos casos donde una persona -sin ánimo de lucro- ha registrado como nombre de dominio el propio nombre, su apodo o sobrenombre por el cual es conocida dicha persona, cualquiera de los cuales coincide con una marca reconocida bajo el derecho de marcas. En este caso, de determinarse que hubo buena fe por parte del dueño del nombre de dominio, éste quedaría protegido y no se le podría despojar del mismo. De igual forma, un problema similar puede surgir en aquellos casos donde una persona registre su nombre o sobrenombre como un nombre de dominio, y eventualmente otra persona adopte como marca dicho nombre y exija a una autoridad registral que le transfiera el mismo, a expensas del titular registrar anterior. Como puede observarse, estos son casos difíciles que, ausente una disposición como la antes citada, posiblemente generaría una controversia que requeriría probablemente la intervención de los tribunales. No obstante, las autoridades registrales no deben verse impedidas de registrar nombres de dominio basado en especulaciones de este tipo, menos aún incurrir en responsabilidad legal por ello. Y esto es justamente lo que se procura evitar mediante el ACPA.22 Asimismo, el Congreso de los Estado Unidos contempló la posibilidad que los nombres de dominios en el Internet pudieran utilizarse para fines no comerciales propiamente. Por ello, una de las características fundamentales del ACPA lo es el balance de intereses entre el uso comercial de un nombre de dominio, y otros fines o usos no comerciales. Dicho equilibrio se encuentra contenido en §1125(d)(1)(B)(i)(IV), donde se dispone en relación a los posibles usos no-comerciales legítimos de marcas reconocidas. Se enumeran como fines legítimos la crítica, las parodias, los anuncios mediante los cuales se comparen marcas, productos y servicios, las cobertura noticiosa, etc., los cuales, aún si se realizaran con ánimo de lucro, no implicarían el elemento de mala fe requerido en la ley.23 Otro ejemplo donde se entrecruzan distintos tipos derechos y la necesidad de protegerlos se encuentra en la §1125(d)(1)(B)(i)(VII). Dicha sección atiende el problema de falsa representación, en términos de la información provista por el titular de un nombre de dominio a las autoridades registrales. Aunque el hecho que el dueño de un nombre de dominio haya provisto información personal falsa puede ser indicativo de mala fe en algunos casos, tal hecho no debe considerarse necesariamente de ese modo. Así pues, el Congreso ha contemplado la posibilidad que dicha omisión o incorrección 20 Trademark Cyberpiracy Prevention Act, HOUSE REPORT NO. 106-412, a la pág. 10. pueda deberse a error, o simplemente al interés legítimo de un titular registral de conservar cierto grado de anonimato, como puede ser el caso de sitios de Internet dedicados a cualquier tipo de crítica. En tales casos, resultan permisibles dichas incorrecciones. 24 La ACPA atiende a su vez muchos de los problemas asociados al trafico jurídico en la Internet, particularmente los relacionados con la compraventa, transferencia y otros tipos de negocios jurídicos cuyo objeto lo constituye un interés en un nombre de dominio. Dispone también para aquellos casos donde el titular de un nombre de dominio utiliza el mismo con fines ilegítimos, violentando de algún modo los derechos de dueños legítimos de marcas reconocidas por el ordenamiento jurídico. En cuanto al problema de los usos ilegítimos de nombres de dominio, la §1125(d)(1)(B)(i)(V) contiene una serie de criterios para determinar la existencia de mala fe cuando una persona, al registra un nombre de dominio idéntico, similar o capaz de generar confusión en la mente de los consumidores, ha tenido la intención de causar confusión respecto de la fuente de bienes o servicios de que se trate, desviar a los consumidores a su espacio en el Internet, o crear la impresión de afiliación, auspicio o vínculo con la marca en cuestión.25 Mediante §1125(d)(1)(B)(i)(VI) se regulan aquellos casos en los cuales el titular de un nombre de dominio ofrece, transfiere, vende o de alguna manera asigna dicho nombre de dominio con ánimo de lucro, particularmente en aquellas instancias en las cuales dicho dueño no ha utilizado ni ha tenido la intención de utilizar dicho nombre de dominio con un ánimo comercial bona fide de ofrecer bienes o servicios.26 Ahora bien, dado el alto interés que tuvo la Cámara de Representantes de los estados Unidos en proteger a todo dueño bona fide de un nombre de dominio, en el Informe se aclara que el mero hecho de poseer un nombre de dominio y no desarrollarlo no constituye mala fe, como tampoco se ha de presumir ésta en aquellos actos conducentes a realizar un negocio jurídico cualquiera relacionado con tales nombres de dominio. En este renglón es sumamente importante que, de surgir alguna controversia o reclamación judicial, las Cortes determinen si hubo mala fe en dichos ofrecimientos o transacciones.27 Paralelamente, la §1125(d)(1)(B)(i)(VIII) atiende aquellos casos donde se registra al mismo tiempo como nombre de dominio una marca que ha adquirido status de distintividad al momento de ser registrada y todas las variaciones concebibles de ésta, o bien son adquiridas eventualmente por un tercero. Aunque esta sea una práctica usual en el caso de los ciberpiratas, es importante destacar que muchas compañías y dueños de marcas reconocidas registran tales variaciones con el ánimo de ‘re-dirigir’ las mismas a su sitio oficial, práctica que no se considera ilegal o constitutiva de mala fe per se en el contexto del ACPA.28 La Cámara de Representantes claramente atendió el problema de la posible responsabilidad civil de las autoridades registrales en caso de que se suscitaran reclamaciones judiciales contra éstas. De particular interés es el siguiente pronunciamiento: “Disputes involving domain names and trademarks place registrars in the awkward position of being pressured to takes sides in trademark disputes, or to deny, grant, or suspend a domain name based on an allegation of infringement.”29 En esta línea, el ACPA solucionó el problema que implicaba para las autoridades registrales el estado de derecho vigente entonces, el cual implícitamente imponía a los registros como mínimo una obligación de verificar en los registros de marcas federal, estatales e incluso internacionales -por no hablar del reconocimiento de derechos sobre marcas adquiridas bajo el common law en los Estados Unidos, las cuales no constan en registros electrónicos- toda solicitud de nombres de dominio. Esto conllevaba una seria responsabilidad y representaba una carga excesivamente onerosa para las autoridades registrales, a la vez que interferiría gravemente con el desarrollo actual y potencial del Internet. Por ello mismo, el Congreso se ocupó de delimitar minuciosamente en el ACPA los términos, alcance y responsabilidades de las autoridades registrales, como veremos. La sección 32(2) del Trademark Act fue enmendada para fijar límites a la responsabilidad de las autoridades registrales de nombres de dominios, añadiendo un sub-párrafo D30 a la § 32(2) del Trademark Act. Así, en 15 U.S.C.A. §1114(2)(D)(i)(I) se dispone que cualquier autoridad registral que tome alguna acción del tipo descrito en la §1114(2)(D)(ii), o en conformidad con lo dispuesto en la §1114(2)(D)(i)(II) o §1114(2)(D)(ii)(II), estará exento de toda responsabilidad civil frente a cualquier titular de un nombre de dominio ante reclamaciones de éste o de un tercero, a menos que dicha autoridad registral actúe intencionalmente de mala fe al registrar, cancelar o transferir un nombre de dominio, entre otros actos según se enuncian en dicha ley, como veremos. El ACPA claramente dispone sobre cuáles serán las circunstancias que implican una determinación de mala fe. Así, se entenderá que una autoridad registral actuó de mala fe si se niega a registrar, remover, transferir, inhabilitar temporalmente o cancelar permanentemente -o cualquier otra determinación judicial pertinente- un nombre de dominio, de conformidad con una orden final o provisional emitida por un Tribunal -§ 1114(2)(D)(ii)(I). En este sentido, se entenderá que una autoridad registral ha actuado de mala fe si incumple intencionalmente con una orden emitida por un Tribunal. Por otra parte, se entenderá que una autoridad registral ha actuado de buena fe si al implementar una política razonable decide no registrar un nombre de dominio que sea idéntico, similar, genere confusión, o que tenga como efecto el diluir una marca.31 En este sentido, al limitar la responsabilidad de la autoridad registral, el Congreso tuvo la intención de incentivar a los registros a adoptar e implementar políticas orientadas a evitar en lo posible la usurpación de derechos adquiridos sobre marcas mediante la inscripción por parte de terceros de nombres de dominios iguales o confusamente similares a las marcas en cuestión.32 No se encuentra en la legislación vigente, pues, una 32 Trademark Cyberpiracy Prevention Act, HOUSE REPORT NO. 106-412, a la pág. 15. A propósito de la responsabilidad de las autoridades registrales eventualmente codificadas en 15 U.S.C.A. §1114(2)(D)(i)(I), se expresó lo siguiente: “This section amends section 32(2) of the Trademark Act to extend the Trademark Act's existing limitations on liability to the cyberpiracy context. This section also creates a new subparagraph (D) in section 32(2) to encourage domain name registrars and registries to work with trademark owners to prevent cyberpiracy through a limited exemption from liability for domain name registrars and registries that suspend, cancel, or transfer domain names pursuant to a court order or in the implementation of a reasonable policy prohibiting cyberpiracy. The act anticipates a reasonable policy against cyberpiracy will apply only to marks registered on the Principal Register of the Patent and obligación exigible a las autoridades registrales de verificar el estado de una marca en el comercio antes de proceder a registrar un nombre de dominio. Es de notar que todas estas protecciones otorgadas por el Congreso a las autoridades registrales se encuentran estrechamente vinculadas con el desarrollo y fortalecimiento del uso de marcas en el Internet. Mediante dicha legislación se logró resolver muchísimas de las dificultades que encontraba el comercio en el Internet, al igual que puso un freno a la proliferación de reclamaciones judiciales ante las cuales las autoridades registrales se encontraban innecesariamente expuestas con anterioridad a la adopción del ACPA. De este modo, dicha pieza de legislación federal no sólo ha incentivado el uso del Internet entre los ciudadanos y la seguridad en el tráfico jurídico de bienes y servicios mediante el desarrollo de actividades comerciales en el Internet, sino que ha convertido al comercio electrónico en un sector importante en el crecimiento económico de los Estados Unidos en general. Por ello mismo, la ausencia de dichas disposiciones en la ley local tendría el efecto de generar los tipos de controversias que gracias al ACPA finalmente quedaron resueltas y superadas para el beneficio del comercio y del desarrollo del Internet en los Estados Unidos. Finalmente, dicha legislación federal está actualmente en pleno vigor en Puerto Rico. Según nuestra perspectiva, de determinarse necesaria una disposición local a los efectos, la misma debería seguir, de acuerdo a los mejores criterios de uniformidad, lo dispuesto en la legislación federal y lo reflejado en las políticas internacionales. Trademark Office in order to promote objective criteria and predictability in the dispute resolution process. This section also protects the rights of domain name registrants against overreaching trademark owners. Under a new section subparagraph (D)(iv) in section 32(2), a trademark owner who knowingly and materially misrepresents to the domain name registrar or registry that a domain name is infringing shall be liable to the domain name registrant for damages resulting from the suspension, cancellation, or transfer of the domain name. In addition, the court may grant injunctive relief to the domain name registrant by ordering the reactivation of the domain name or the transfer of the domain name back to the domain name registrant. Finally, in creating a new subparagraph (D)(iii) of section 32(2), this section codifies current case law limiting the secondary liability of domain name registrars and registries for the act of registration of a domain name, absent bad-faith on the part of the registrar and registry.” Trademark Cyberpiracy Prevention Act, HOUSE REPORT NO. 106-412, a la pág. 15.

Source: https://nic.pr/pdf/ponencia_dominios.pdf